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Hacienda Vigila: Consecuencias de Reducir el Precio de Venta en el Sector Inmobiliario

Juana Trujillo -Asesora inmobiliaria en Vila-casa

Cuando los propietarios de bienes inmuebles optan por reducir el precio de venta por debajo del 5 o 10% de su valor real, se exponen a sanciones significativas que podrían ascender hasta los 100.000 euros, además de enfrentar posibles penas de cárcel. Esta táctica, frecuentemente empleada para encubrir transacciones inmobiliarias con el fin de eludir el pago de impuestos o para facilitar la compra por parte de familiares a precios artificialmente bajos, está sujeta a un estricto escrutinio por parte de las autoridades fiscales. La administración tributaria no solo supervisa estas operaciones, sino que también investiga cualquier indicio de fraude o blanqueo de capitales que pueda estar presente.

En particular, Hacienda presta una atención especial a las transacciones en las que el precio de venta del inmueble es notablemente inferior a su valor real, imponiendo multas que van desde los 1.000 hasta los 10.000 euros en casos de infracción. Sin embargo, cuando la rebaja en el precio de venta es aún más pronunciada, por ejemplo, por debajo del 5% del valor real, las sanciones pueden incrementarse significativamente, llegando a los 100.000 euros, acompañadas de la posibilidad de enfrentar penas de cárcel que van desde seis meses hasta dos años.

Este enfoque riguroso por parte de Hacienda busca desalentar prácticas fraudulentas y asegurar la transparencia en el mercado inmobiliario.

Ejemplo:

Imaginemos a Juan, quien decide vender su propiedad por un precio significativamente inferior a su valor de mercado real, con la intención de transferirla a su hijo a un costo simbólico. Desconociendo las implicaciones legales y fiscales de esta acción, Juan baja el precio de venta en un 15%. Sin embargo, este descuento excesivo llama la atención de las autoridades fiscales, quienes investigan la transacción y encuentran indicios de fraude. Como resultado, Juan es multado con 50.000 euros y enfrenta una posible pena de cárcel de hasta un año. Este ejemplo ilustra cómo una reducción drástica en el precio de venta puede tener consecuencias legales graves y resalta la importancia de realizar transacciones inmobiliarias de manera transparente y legal.


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